El Ministerio de Cultura y Deporte, a través del Secretario General de Cultura, D. Javier García Fernández, ha tenido la deferencia de responder a la carta abierta que nuestra Peña le dirigió al Sr. Ministro, D. José Manuel Rodríguez Uribes, el pasado 1 de junio.
En esa cara, le reclamábamos la adopción de medidas para preservar el presente y futuro de nuestra Tauromaquia y le mostrábamos nuestro firme rechazo a lo cabía interpretar como una actitud de dejación por parte del Gobierno respecto de sus responsabilidades en este ámbito.
Es obligado agradecer que el Ministerio haya contestado con tanta amabilidad y prontitud a nuestra humilde Peña, y queremos interpretarlo como prueba de que se interesan realmente por este problema.
Es también obligado reconocer que resulta tranquilizador que, en su carta, el Sr. García Fernández declare que “la Tauromaquia no es patrimonio de ninguna ideología”, que “forma parte del patrimonio cultural inmaterial de este país”, que “debe ser protegida por todos los poderes públicos” y que “así lo va a seguir haciendo” ese Ministerio.
Obviamente, estamos plenamente de acuerdo con todo ello.
Recuerda asimismo en su carta que algunas medidas que está reclamando actualmente el sector taurino son competencia de los Gobiernos autonómicos; y otras, de competencia compartida entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
Por supuesto, somos conscientes de ello, pero también consideramos rechazable que, sobre la base de tales observaciones, se pudiera interpretar que tales circunstancias minimizan o eliminan la responsabilidad que tiene el Gobierno al respecto.
Es cierto que muchas competencias en muy diversos ámbitos—cultura, pero también educación, sanidad, etc.—están transferidas en nuestro país a las Comunidades Autónomas. Sin embargo, aunque ello hace que estas sean responsables de ejercerlas, no por ello disminuye la responsabilidad que el Gobierno ha de asumir en la adecuada vertebración de esa realidad autonómica y en la garantía de que su resultado sea coherente, consistente y en beneficio de todos los ciudadanos.
Así pues, la transferencia de competencias a las Comunidades Autónomas no asigna al Gobierno de la nación una responsabilidad menor, sino incluso mayor, en el ejercicio de sus funciones; y así ocurre en el caso de la Tauromaquia.
En realidad, esto lo reconoce el propio Secretario General de Cultura en su carta, pues en ella señala muy acertadamente que la Tauromaquia, como antes hemos recogido, “debe ser protegida por todos los poderes públicos”. Por todos; es decir, por el poder central, por el autonómico y por el municipal. Y que lo sea por todos es algo que, en última instancia, solo puede asegurar el Gobierno.
En otro orden de cosas, el Sr. García Fernández menciona también su carta de manera positiva los contactos que está teniendo su Ministerio con la Fundación del Toro de Lidia para trabajar en la solución de los problemas que la crisis actual está generando en el sector taurino; un trabajo que, según señala, se está haciendo sobre la base del dossier de medidas extraordinarias que esa Fundación le ha presentado con el aval de más de 600 asociaciones el propio sector.
Creemos que en esta loable actitud de diálogo con el sector—que, en todo caso, conviene advertirlo, no ha dado aún lugar a resultados prácticos de auténtico calado—no se debiera soslayar que la adopción de iniciativas no ya para superar la crisis, sino para dar el indispensable impulso a nuestra Tauromaquia, ha de hacerse teniendo en cuenta muy cuidadosamente los intereses, expectativas y opiniones de los aficionados, que son quienes realmente la sostienen.
Bien está que se tengan en cuenta las legítimas necesidades económicas de profesionales y empresarios en esta difícil situación, pero es también necesario que se ponga un foco especial en los intereses, no menos legítimos, de los millones de ciudadanos españoles que desean poder acudir de nuevo y cuanto antes a los espectáculos taurinos; y que, por encima de todo, reclaman medidas y reformas que preserven el presente y futuro de la Tauromaquia en las condiciones que son exigibles.
Ciertamente, son empresarios y profesionales quienes hacen posible la celebración de los espectáculos taurinos, pero son los aficionados quienes les dan auténtico sentido social, económico y cultural.
Por ello, sería inaceptable que no se tuvieran en cuenta los intereses y expectativas de estos, con la intensidad que el caso requiere, y que no se implementaran las fórmulas necesarias para que su voz sea oída y tomada en consideración.
Peña Taurina “Los de José y Juan”
