La situación social y económica derivada de la pandemia, está revelando una actitud de la Administración Pública dirigida por el actual gobierno que entendemos que discrimina negativamente a la tauromaquia, los profesionales que participan y viven de ella, e incluso al derecho de los aficionados y el público a disfrutarla.
La Peña Taurina “Los de José y Juan” hemos enviado esta Carta abierta al Ministro de Cultura, en el que reivindicamos nuestro derecho como aficionados, a la no discriminación en las medidas necesarias para preservar la Tauromaquia.
Texto de la carta entregada el miércoles 3 de junio en Registro oficial.
Excelentísimo Señor Don José Manuel Rodríguez Uribes
Ministro de Cultura y Deporte
Plaza del Rey, 1
28004 Madrid
Madrid, 1 de junio de 2020
Carta abierta al Ministro de Cultura
Excelentísimo Sr. Rodríguez Uribes, Ministro de Cultura:
La Peña Taurina “Los de José y Juan”, fundada en 1951, se suma a las numerosas declaraciones registradas en las últimas semanas que reclaman al Gobierno, en general, y al Ministerio de Cultura, en particular, la adopción de las medidas necesarias para preservar el presente y futuro de nuestra Tauromaquia y que han expresado asimismo su profunda repulsa por las muestras de dejadez e, incluso, hostilidad que el Ejecutivo está mostrando al respecto.
Es verdad que la decisión de incorporar a los profesionales del sector taurino a las ayudas CREA establecidas por el Gobierno, anunciada por usted mismo el pasado viernes en la Comisión de Cultura del Congreso, es un gesto positivo que nos gustaría interpretar como un cambio de actitud.
No obstante, hemos también de subrayar que este obligado gesto de respeto a los derechos de los profesionales del sector, en tanto que trabajadores culturales, no hace más que corregir una escandalosa situación de discriminación laboral que se había producido en fechas anteriores, sin que ello suponga la asunción por su parte de las responsabilidades que competen al Gobierno y el Ministerio de Cultura en relación con la Tauromaquia.
Porque se trata de esto: de que ambos asuman sus responsabilidades en esta materia, sobre todo en estos críticos momentos. Para el Gobierno español, para cualquier Gobierno español, la defensa de la Tauromaquia no es un una opción elegible que se pueda tomar o no en función de deseos personales, apetencias, caprichos o prejuicios ideológicos, sino una obligación legal.
Aunque debiera ser innecesario, parece forzoso recordar que la Ley 18/2013, de 12 de noviembre, para la regulación de la Tauromaquia como patrimonio cultural, declara en sus artículos 2 y 3 que “la Tauromaquia forma parte del patrimonio cultural digno de protección en todo el territorio nacional” y que “en su condición de patrimonio cultural, los poderes públicos garantizarán la conservación de la Tauromaquia y promoverán su enriquecimiento, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Constitución”.
Por añadidura, Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, incluye expresamente la Tauromaquia, en su disposición sexta final, entre las manifestaciones de nuestro “patrimonio cultural” y recuerda en su Preámbulo que, “para la regulación de la Tauromaquia como patrimonio cultural”, la legislación vigente “encomienda expresamente al Gobierno el impulso de las reformas normativas necesarias para recoger, dentro de la legislación española, el mandato y objetivos de la Convención de la UNESCO para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial ”.
Insistimos, Sr. Ministro: lo que reclamamos es algo tan básico como que nuestro Gobierno asuma las responsabilidades que le fija la legislación española en materia de defensa e impulso de la Tauromaquia como una de las materializaciones de nuestro patrimonio cultural.
Porque también se trata de esto último; es decir, de que la Tauromaquia es cultura. Como muy bien ha declarado la Fundación Toro de Lidia —organización que agrupa a los diversos estamentos profesionales del sector— en una carta abierta dirigida al vicepresidente segundo del Gobierno español, “nosotros no reivindicamos que seamos una práctica cultural. Nosotros somos una práctica cultural. Punto”.
En este mismo sentido, debiera ser ocioso recordar que, como bien han establecido de manera repetida organizaciones y profesionales expertos en la materia, la consideración de una práctica o expresión social determinada como cultura no es algo que dependa, nuevamente, de apetencias personales o de prejuicios ideológicos, sino que es el resultado de la conjunción de una amplia variedad de factores históricos, sociales, estéticos que operan de manera objetiva y que la Tauromaquia cumple sobradamente.
Añadamos a lo anterior que más de 3 millones de ciudadanos acuden cada año a presenciar espectáculos taurinos en directo, una cantidad muy superior, por cierto, a la de otras manifestaciones culturales y deportivas que no son víctimas de la dejación del Gobierno; que a ellos hay que añadir los numerosos ciudadanos que no los contemplan en directo, sino por medios audiovisuales, o que los siguen por los medios de comunicación; que a ellos habría que sumar también cuantos sin hacer un seguimiento puntual de esos espectáculos, los consideran una legítima expresión cultural; y que, por último, habría asimismo que añadirles los millones de españoles que, sean o no aficionados, estén o no interesados por la Tauromaquia, asumen como incuestionable principio, garantizado por la Declaración universal de los derechos humanos, que cualquier ciudadano pueda ejercer libremente su derecho a asistir a los espectáculos culturales que son de su agrado, sin que ninguna decisión de carácter político pueda coartar esta libertad.
Además, es forzoso tener en cuenta que la supervivencia del propio toro bravo depende inexorablemente de la existencia de la Tauromaquia; que lo mismo le ocurre a una parte muy importante de nuestro patrimonio rural; que hay decenas de miles de españoles (profesionales de los espectáculos, ganaderos, empleados, gestores, etc.) cuyos medios de supervivencia proceden de los espectáculos taurinos; y que estos últimos hacen una elevada contribución económica a nuestro PIB y a nuestra Hacienda que muy pocas veces es suficientemente reconocida.
En definitiva, Sr. Ministro, sin necesidad de entrar en más argumentos o detalles por el momento, poderosas razones legales, culturales, sociales y económicas requieren que nuestro Gobierno y el Ministerio de Cultura asuman la protección y defensa de una de las manifestaciones culturales más genuinas de nuestro país.
Y esto han de hacerlo, más allá de los gustos personales que puedan tener algunos de sus miembros, para asumir lealmente la obligación de cumplir sus responsabilidades, evitando censurables situaciones de discriminación y corrigiendo el trato inaceptable que actualmente está recibiendo nuestra Tauromaquia por parte de ambos.
Exponemos todo lo anterior desde la humildad que corresponde a una asociación que está integrada, por decisión estatutaria de sus fundadores, por un número máximo y no superable de 50 miembros; pero que, a lo largo de sus 69 años de continua y permanente actividad, ha dado suficientes pruebas de su capacidad de recoger y defender los sentimientos, sensibilidades y convicciones de muchos aficionados españoles, pues no en balde cuenta como socios con personas pertenecientes a un amplio abanico profesional e ideológico.
Y lo hace, además, cumpliendo con el deber que le asignan sus estatutos de “contribuir con todo su entusiasmo y posibilidades al engrandecimiento, prestigio y pureza” de la Tauromaquia, “entendida como bien cultural del pueblo español”.
No otra cosa que esto, es decir, el cumplimiento de un deber, es lo que le solicitamos con nuestra mejor disposición y respeto.
Peña Taurina “Los de José y Juan”
Andrés Ignacio de Miguel González
Presidente
